Justicia y Ley de Memoria Democrática

He tenido la gran fortuna de compartir este espacio con gente extraordinaria: Lourdes, Rosa, Ángel, (Ana en los mandos de producción), y la sensibilidad y profesionalidad de Alejandro moderando las preguntas (todas muy pertinentes) y las posibles respuestas. Voces plurales y diversas de este Encuentro de la Memoria, que enriquece este patrimonio colectivo, empeñado en que la Ley de Memoria Democrática llegue a buen puerto. Por imperativo democrático. Comparto mi argumentario sobre los temas planteados.

Justicia, contra la impunidad y contra el olvido

Este proyecto, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica del 2007 (que se limitó a reconocer el “carácter injusto de las condenas” y la” ilegitimidad de los órganos militares y administrativos como ejes fundamentales de la represión”) hace suyas las exigencias y recomendaciones del grupo de Naciones Unidas (el conocido informe de 2014) sobre políticas de memoria y tratados internacionales, donde son ineludibles los principios de Verdad, Justícia, Reparación y Garantías de no Repetición.

Es, sin duda, un factor positivo, pero no suficiente. Vayamos por partes:

La constitución de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, es un reconocimiento explícito al “derecho a la justicia” que debe ejercerse desde todas las administraciones del Estado. Empezando por el propio Gobierno. Las Leyes están para aplicarse. Es indigno e inaceptable la doctrina “Rajoy”: presupuestos 0 para la Ley de Memoria cuando llegó al Gobierno de España (también la congeló Artur Mas en su primer Gobierno en Catalunya), o la desactivación de la Ley de Memoria en Andalucía, o el vandalismo de las autoridades del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid: destrucción sistemática contra los símbolos de la memoria histórica.

Para acabar de verdad con la impunidad es imprescindible una buena norma, una buena Ley de Memoria Democrática, voluntad política, el respaldo jurídico y la dotación presupuestaria que garantice su aplicación. Añadiendo, como una gran prioridad el tratamiento del papel educativo.

El Fiscal de Sala debe ser beligerante con las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, la Iglesia y otros estamentos, que traten de impedir la búsqueda de las personas desparecidas en las fosas, la investigación de los crímenes del franquismo, así como las agresiones contra el patrimonio plural de la memoria democrática. También para intervenir de oficio contra quienes hagan apología del franquismo, e inciten a los delitos de odio y a la violencia.

Ley de Amnistía de 1977

Para ello hay que revisar con criterios jurídicos la reforma de nuestras leyes, algunas como la Ley de Amnistía de 1977. Han transcurrido 44 años, las leyes no son inmutables ni eternas, y aunque a mi juicio es falso atribuirle en su gestación (hay que ver las actas en el Congreso y la autoridad moral de sus defensores: los diputados y diputadas de los partidos de izquierdas y los nacionalistas) un propósito para impedir que se juzgaran los crímenes de la dictadura, es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (bajo una interpretación extensiva y sin límites de la Ley de Amnistía), así lo expresa Carlos Jiménez Villarejo, un fiscal con dilatada trayectoria democrática y miembro activo de nuestra asociación, en la práctica, hay artículos, que pervierten y obstaculizan esta posibilidad. Bajo esta interpretación o coartada este Tribunal se ha opuesto a las comisiones rogatorias de la justicia argentina, y a tras investigaciones relativas a las desapariciones forzosas, exhumación de fosas y las prácticas de tortura (como en el caso reciente de Gerardo Iglesias), que formaban parte del andamiaje jurídico de la dictadura.

Ratificación convenio sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra

La Ley 52/2007, cometió un error sustancial al excluir del poder judicial la intervención sobre las actividades previstas en el artículo 11 sobre localización e identificación de los restos de las personas desaparecidas, así como las responsabilidades derivadas de ellas. Por esta razón el Informe del Comité contra las Desapariciones Forzosas e Involuntarias de NNUU, emitido en noviembre de 2013, denunciaba el abandono judicial “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”, y exhortaba al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzosas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial”. Un vacío incompatible con un Estado democrático.

Por eso hemos propuesto (desde las conclusiones del Encuentro) en el artículo 25 del actual anteproyecto, una mayor precisión jurídica, para que se señalen los delitos a investigar: las desapariciones y los hallazgos de restos humanos con evidentes signos de violencia, tipificados como Delitos contra la Humanidad, es decir imprescriptibles.

Esta Fiscalia de Sala debe velar por el reconocimiento a la Justicia, con disposiciones jurídicas y legales de acuerdo con los tratados internacionales subscritos por España en materia de derechos humanos. Claro y conciso: necesitamos una Ley de Memoria Democrática que permita enjuiciar estos crímenes, como los robos de bebés, y rescatar sin más dilación a las víctimas de las cunetas. Una Ley que proclame la nulidad de los juicios sumarísimos militares dictados por tribunales ilegales (que no deben ser consideramos únicamente ilegítimos). Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos.

Pero como hemos afirmado anteriormente, las leyes son necesarias, imprescindibles, pero no suficientes para cubrir este déficit democrático que arrastramos desde hace más de cuatro décadas, y que lo sucesivos gobiernos democráticos (algunos con mayoría del PSOE), no han abordado. Los pactos de 1978 no son intocables ni imperdurables. Ha habido tiempo para avanzar. Lo que ha faltado es voluntad política para hacerlo. Ahora tenemos una oportunidad y una exigencia, un tren que no podemos dejar escapar, como tratamos de hacer visible desde esta magnífica y plural plataforma del Encuentro.

Pedagogía de la memoria

Por esta razón es fundamental una Ley de Memoria Democrática, integral, es decir que acabe con la impunidad, que reconozca las víctimas, pero que también sirva para interpelar al conjunto de la sociedad, empezando por su enseñanza obligatoria en las escuelas.

Se trata de educar en los valores democráticos mediante la memoria de las personas que defendieron las instituciones y la legalidad republicanas, combatieron el nazismo y el fascismo en Europa, y se implicaron en el combate por las libertades democráticas en nuestro país con todas sus consecuencias. Por cierto una memoria viva muy menguada por esta pandemia y otros virus del negacionismo.

Hay que explicar en las aulas lo que significó el combate por la libertad, la justicia y los derechos sociales. Las nuevas generaciones deben conocer lo que significó la “Generación TOP”. El libro de Juanjo del Águila debe ser materia obligada en la educación y formación. Hace 10 años, hicimos un gran homenaje en Barcelona, a las personas que se comprometieron y pagaron un precio muy alto por las libertades democráticas. “Entre 1964 y 1976 se incoaron 22.660 procedimientos en el TOP que afectaron a 50.600 personas. El 50 % de las personas procesadas no superaban los 25 años.”

Si hoy preguntásemos en nuestras aulas quién era Francesc Boix, es muy probable que la respuesta fuese de total ignorancia respecto al único español, superviviente de los campos, que declaró en Núremberg contra el III Reich. Fue miembro de la JSU de Barcelona con 16 años, exiliado, resistente en Francia y fotógrafo en Mauthausen. Murió a los 31 años en París, el año pasado celebramos el centenario de su nacimiento.

Lo mismo podríamos aventurar si preguntáramos por Maria Salvo, que nos dejó el año pasado habiendo cumplido los 100. Muy pocos alumnos y alumnas saben que pasó 16 años de su juventud en las cárceles franquistas. Entró con 21 y salió con 37. Era nuestra Presidenta cuando se propuso en el acto del Liceo del año 2002, la creación de un Memorial Democrático.

Francisco Tomás y Valiente, jurista demócrata, y quién fue Presidente del Tribunal Constitucional (1986-1992) escribió en 1993 (tres años antes de su asesinato por ETA): “Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse por ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos y sería pernicioso que muchos lo dieran”. 

Memoria democrática y antifascista en Europa

Este olvido y esta ignorancia se ha convertido en un grave problema para nuestro sistema democrático y debe ser corregida. Por esta razón también (y aunque llegamos tarde para la inmensa mayoría), debe honrar y reconocer al exilio republicano y su papel en la resistencia contra el fascismo y el nazismo en Europa.

No es una apelación nostálgica, es fundamental para la promoción de las políticas públicas de memoria y para el desarrollo de una potente red de lugares de memoria, como La Modelo, Carabanchel, la comisaría de Vía Laietana en Barcelona o el edificio de la Dirección General de Seguridad en Madrid. 

Quiero acabar con un ejemplo muy reciente. A propósito de la conmemoración del 76 aniversario de la liberación de los campos nazis de exterminio. Donde dejaron su vida y su huella miles de mujeres y hombres republicanos y antifascistas españoles.

En Ucrania únicamente el 16 % de la población sabe hoy que los nazis mataron a sangre fría a más de un millón de judíos, gitanos, homosexuales, enfermos mentales, comunistas, socialistas o anarquistas durante la II Guerra Mundial. Ahora 80 años más tarde se quiere erigir un monumento para recordar que en el barranco de Babi Iar, situado en las afueras de Kiev, se encuentra la fosa común más grande de la locura nazi en estos territorios del Este. Hay que recordar que en esta carnicería que se produjo en el otoño e invierno de 1941, y prosiguió en los años siguientes, participaron los escuadrones de la muerte nazi, los llamados Einsatzkommando, junto con los colaboradores locales.

Algunos de estos colaboradores, como el dirigente fascista Stephane Bandera, ha sido reivindicado en el año 2010 por el Gobierno de Ucrania, otorgándole la Medalla de Héroe de la Patria. Auténticos criminales de guerra son hoy homenajeados en otros lugares y países de Europa.

Un 68 % de los ucranianos creen que la memoria del Holocausto se está perdiendo. Es un reportaje del periodista Gonzalo Aragonés publicado en La Vanguardia de este domingo.

Por esta razón, quiero también reivindicar el manifiesto que han subscrito diferentes entidades memorialistas en Catalunya, ante la cita del 14 de febrero, alertando del peligro de las ideologías excluyentes e intolerantes, que ocupan espacios y tribunas públicas, y exigiendo que la memoria democrática forme parte de los currículums educativos, para religar el pasado con el presente.

Que el silenci no Ens faci còmplices”.

Memoria democrática y Stop al fascismo!

Aquí el enlace para ver el debate https://t.co/YyCJdTCoJJ?amp=1

https://nascutel49.com/2020/08/26/en-francesc-boix-fotograf-i-la-maria-salvo-dues-vides-i-un-centenari/


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